En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son ejes fundamentales de la gestión estatal, la influencia del derecho internacional en el control de los fondos públicos emerge como un factor clave. En la provincia de Mendoza, este fenómeno adquiere particular relevancia, marcando una evolución significativa en los mecanismos de auditoría y fiscalización.

El esquema de control de los fondos públicos en Argentina ha experimentado transformaciones desde la promulgación de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional en 1992. Desde entonces, entidades como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) han asumido roles importantes en el ámbito del control interno y externo de la gestión estatal.

Sin embargo, la inclusión de normativas internacionales en el control de los fondos públicos ha sido un proceso gradual. Aunque los organismos de control como el Tribunal de Cuentas de Mendoza han operado históricamente bajo normativas nacionales, la reciente modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (N° 9292) ha abierto la puerta a la adopción de principios y directrices internacionales.

En este sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción han marcado pautas importantes. La inserción de estas normativas en el marco legal provincial ha permitido al Tribunal de Cuentas de Mendoza ampliar su alcance y criterios de evaluación, incorporando estándares internacionales en sus procesos de auditoría y juicio de cuentas.

La independencia, imparcialidad y transparencia son pilares fundamentales en este proceso. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido condiciones indispensables para el ejercicio efectivo del control estatal, garantizando un sistema equilibrado y objetivo.

Además, la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8706) y otras normativas locales han integrado elementos del derecho internacional en sus disposiciones. Desde la adopción de criterios de sostenibilidad hasta la implementación de procedimientos de licitación pública alineados con estándares internacionales, la provincia ha demostrado un compromiso creciente con la gestión transparente y eficiente de los fondos públicos.

La presencia del derecho internacional en el control de los fondos públicos no solo fortalece los mecanismos de auditoría, sino que también promueve una mayor integridad y responsabilidad en la gestión estatal. En un mundo cada vez más interconectado, la adopción de estándares internacionales se presenta como un paso crucial hacia una administración pública más efectiva y orientada hacia el bien común.

Ley de Administración Financiera de Mendoza N° 8706 Impulsa un Enfoque Innovador hacia la Sostenibilidad en las Contrataciones Públicas

La reciente promulgación de la Ley de Administración Financiera de Mendoza N° 8706 ha marcado un hito significativo en el ámbito de la gestión financiera provincial. Esta legislación, enfocada en establecer directrices claras y transparentes para la administración de los recursos públicos, ha puesto un énfasis notable en la adopción de prácticas contables que se ajusten a estándares tanto nacionales como internacionales.

En el corazón de esta ley, el artículo 75 destaca la importancia de que los métodos de registro contable estén arraigados en los principios y normas de contabilidad universalmente reconocidos, asegurando así la integridad y transparencia en la gestión financiera.

Un aspecto clave de la nueva legislación es el enfoque en las licitaciones públicas, como se establece en el artículo 142, que exige una antelación mínima de veinte días corridos para la difusión de las licitaciones que requieran alcance internacional. Esto garantiza una competencia justa y abierta en la adjudicación de contratos.

Además, la Ley provincial N° 9193 complementa la LAF al declarar de interés general la promoción y el cumplimiento de los Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del ámbito de las contrataciones públicas. Esta norma, que modifica el artículo 149 de la Ley Nº 8706, introduce criterios de evaluación más amplios, que van más allá del simple precio ofertado, considerando la solvencia y capacidad empresarial de los licitantes, así como su compromiso con la sostenibilidad y los ODS de la ONU.

En consonancia con esta visión, se ha elaborado una grilla de puntaje para la adjudicación de contratos, inspirada en la "Directiva Modelo para la Promoción de Compras Públicas Sostenibles", que reconoce la importancia de la Compra Pública Sostenible como una herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo económico sostenible y la Agenda 2030.

Por otro lado, la ley también contempla la posibilidad de pago anticipado de fondos en contrataciones internacionales, en línea con las prácticas y legislaciones vigentes en este ámbito.

En términos de supervisión y rendición de cuentas, la Dirección General de Inversión Pública y la Unidad de Financiamiento Internacional desempeñan roles cruciales. La primera tiene como misión establecer metodologías y criterios de decisión para los programas de inversión pública, mientras que la segunda implementa proyectos con financiamiento multilateral, destacando la importancia del BID como proveedor de recursos.

En resumen, la Ley de Administración Financiera de Mendoza N° 8706 refleja un enfoque innovador y progresista hacia la gestión de fondos públicos, priorizando la transparencia, la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS de la ONU. Este marco regulatorio establece un nuevo estándar para la gestión financiera, promoviendo una mayor eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos del Estado.