En el ámbito del derecho público, la implementación de estándares internacionales de justicia y derechos humanos es fundamental para garantizar la equidad y la eficiencia en los procedimientos legales. En este contexto, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas en 2008, representan un hito significativo. La provincia de Mendoza, a través de la Ley 9003, ha mostrado un compromiso con estos principios, particularmente a través del art. 1.

El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo aquellos que garantizan el acceso a la justicia para todas las personas, en especial para aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Esto proporciona un marco normativo que refuerza la necesidad de adoptar en la práctica cotidiana las Reglas de Brasilia.

Las mismas fueron adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 y tienen como objetivo mejorar el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Algunos de los aspectos clave incluyen:

1. Identificación de la vulnerabilidad: Reconocimiento de factores que ponen a una persona en desventaja, como pobreza, discapacidad, edad avanzada, entre otros.

2. Adaptación de los procedimientos: Modificación de los procesos para atender las necesidades específicas de las personas vulnerables.

3. Formación y sensibilización: Capacitación de los funcionarios judiciales y administrativos en derechos humanos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

4. Accesibilidad: Garantizar que las instalaciones y los procedimientos judiciales sean accesibles para todos.

La aplicación de las Reglas de Brasilia es crucial para garantizar que todas las personas, independientemente de su situación, tengan acceso equitativo a la justicia. La defensa de los derechos del Estado no debe implicar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Implementar estas reglas asegura que los procedimientos administrativos sean inclusivos y respetuosos de los derechos humanos, cumpliendo así con la misión establecida en el artículo 1 de la Ley 9003.

Es importante destacar la necesidad de brindar transparencia y confianza en la Administración Pública. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial y los órganos de control operan de manera justa y equitativa, se genera mayor confianza en las instituciones públicas. La transparencia y la equidad son pilares fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia en Mendoza.

Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil deben trabajar en la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Estas alianzas pueden facilitar la implementación de las Reglas de Brasilia y asegurar un enfoque coordinado.

Antecedente 

En un caso relacionado con la indemnización por incapacidad establecida en el artículo 49 de la Ley N° 5.811 la Fiscalía de Estado de Mendoza en su rol de control de la legalidad recibió las actuaciones para dictaminar sobre tal petición. La Dirección de Asuntos Jurídicos de origen había sugerido el pago de los intereses reclamados. Sin embargo, la Fiscalía observó que la reclamante no habría hecho una reserva explícita de los intereses al momento de recibir el capital, lo cual es necesario según el Código Civil y Comercial. Se concluyó entonces que el pago de los intereses no sería procedente, dado que la reclamante excedió el plazo para hacer tal reserva desde el momento del pago. Sin embargo, aunque la Fiscalía sugiere rechazar la solicitud de intereses basándose en la doctrina y normativa aplicable, considera la posibilidad de aplicar los principios generales receptados en el art. 1 de la Ley Provincial de Administración N° 9003 debido a la situación particular de salud de la reclamante, quien padecía una incapacidad absoluta y definitiva, lo que muestra un enfoque flexible y humanitario en la interpretación y aplicación de la normativa vigente. Por ello le sugirió a la repartición de origen analizar especialmente para este supuesto específico la situación de salud y vulnerabilidad de la reclamante para proceder al pago, con independencia de la aparente demora procedimental en la que habría incurrido.

Luis Fontana

Subdirector de Asuntos Administrativos Fiscalía de Estado

Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Champagnat