La Administración Central del Estado Provincial de Mendoza, a lo largo del tiempo, fue sentenciada a pagar distintos juicios en que se la condena. La Fiscalía de Estado es un Órgano de Control Extra Poderes que tiene la responsabilidad de imputar contablemente, en la partida presupuestaria los distintos montos de los juicios perdidos. El procedimiento continúa con el envío por transferencia de los montos a los diferentes tribunales para cumplir con la sentencia emitida por el Poder Judicial. 

Si analizamos la evolución de dichas partidas, desde que se dispone datos del SIDICO, podemos observar que el peso de los intereses pagados, en relación al total fue variando a lo largo del tiempo. Aunque se ve influenciado por la cantidad de casos, la inflación y la incorporación de organismos al pago, en los últimos 5 años la aplicación del UVA determinó un comportamiento históricamente elevado de la carga financiera de la partida. 

Una mejor medida que nos permita observar el impacto neto que tiene la actualización del UVA en los juicios, es analizando la evolución de la relación intereses a capital nominal pagado por juicio. Esto nos independiza de la cantidad de imputaciones de juicios pagados en cada año y del capital involucrado afectado por la inflación. Podemos apreciar su dinámica en el gráfico 2.

Es notable el comportamiento explosivo que tiene la carga financiera, principalmente luego de 2018 a la actualidad. Esto se debe a que el coeficiente UVA se conforma por un cálculo basado en el CER, relacionado directamente con la inflación. 

La Ley Provincial Número 9.041 publicada el 2 de enero de 2018 posibilitó a los demandantes recibir sus sentencias con el costo financiero determinado por el UVA. Recientemente, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9.516 que determina un componente financiero diferente del UVA. En su artículo 1 establece una tasa de interés moratorio definida por el BNA. Esto modifica la carga financiera para períodos que abarquen desde abril del corriente año en adelante. 

A pesar de lo dicho, en las sentencias que involucren períodos entre enero de 2018 y hasta abril de 2024, el UVA seguirá impactando en dichas liquidaciones. Claramente hubiera sido deseable que el desenganche del UVA para la partida de juicios se produjera mucho antes, dado que fue el período de mayor inflación de los últimos años. 

Hacia futuro resta saber si será la tasa de interés o la inflación la que se vuelva mayor hasta que exista una nueva modificación normativa. 

En los últimos años, un trabajo coordinado entre la Fiscalía de Estado, la Dirección de Finanzas del Ministerio de Hacienda, la Contaduría General y la Tesorería de la Provincia posibilitó la depuración de procedimientos de control, refuerzo presupuestario y transferencias. Esto redujo sensiblemente los tiempos de pago para reducir lo más posible esa pesada carga financiera. 

Por su parte, la ley 9234 de acuerdos transaccionales, judiciales o prejudiciales posibilitó reducir tiempos de litigio que están estrechamente vinculados al tiempo en el que se expone a la provincia a la pesada carga financiera de litigar.

Concluimos que fuera del impacto de la inflación sobre el componente financiero, algo que es macroeconómico y no puede manejarlo la administración provincial, la mejora y eficiencia en el uso de los recursos aminoró el impacto negativo de aquella. Sería deseable que exista mayor seguridad jurídica en el campo, para evitar los sobresaltos de los intereses sentenciados. 

Lic. Pablo Alberto Frigolé

Director de Administración de Fiscalía de Estado