Hemos escuchado en los últimos años un concepto que pareciera estar de moda al ser introducido casi en todas las actividades en las que interviene el Estado: “transparencia”.

La transparencia internacional se ha instituido en una política de gobierno tendiente a promover el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sostenibles, para el crecimiento y progreso no sólo en el plano económico, sino también en las dimensiones sociales y ambientales, en franca sintonía con los objetivos propuestos por las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las Convenciones Internacionales contra la Corrupción tanto en el ámbito americano como en el de Naciones Unidas, erigen enfáticamente a la publicidad y a la transparencia como principios que deben observarse en el obrar de la administración, lo que incluso se ha visto plasmado en normas de derecho local.

Es quizás en el ámbito de las contrataciones que realizan los estados donde se pretende procurar la aplicación práctica de este principio, pues las contrataciones constituyen en los presupuestos de la administración pública el mayor porcentaje de movimiento de fondos, que conforme estudios de la OCDE representa más de un 15 % del PBI en países americanos y europeos.

Ahora bien, es una realidad incontrastable que el estado cuando contrata bienes, servicios y lleva a cabo obras públicas, ejerce actividad administrativa; y desde una mirada deontológica esta actividad en la que se emplean fondos públicos mide en parte la actuación o, si se quiere, el obrar de los funcionarios o agentes públicos, y es aquí donde cobra suma importancia la inclinación hacia los valores éticos y la prevención y sanción de actos corruptos.

A nivel mundial se utilizan indistintamente los términos “funcionarios”, “empleados”, “agentes” e incluso “servidores” públicos. Sin embargo, este último concepto ha adquirido gran trascendencia en los tiempos actuales, por cuanto pone énfasis en la noción del servicio que se presta, y no tanto en el desarrollo de las funciones que se desempeñan. En efecto, todo lo relacionado con la Administración está realizado en procura de servir, y la actuación de las personas que desarrollan tareas para el Estado (independientemente del régimen de vinculación que mantengan con el mismo), únicamente debe ser desempeñada por y para servir. De allí la importancia del comportamiento ético de quienes prestan un servicio público.

En un estudio realizado por la OCDE se concluyó que del 10 al 30% de la inversión en un proyecto de construcción, financiado con fondos públicos, puede malgastarse debido a mala gestión y corrupción. Y aquí justamente es donde entra en juego la noción de “integridad pública”, entendida como la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público.

En este sentido explica dicho informe que la corrupción debe ser entendida en toda su complejidad, destacando las siguientes conductas: tráfico de influencias, malversación de bienes públicos, uso de información confidencial y abuso de poder. En consecuencia, la transparencia no es suficiente. Poner información a disposición del público no es suficiente y debe ir de la mano de mecanismos eficaces de escrutinio y rendición de cuentas.

En esta línea de análisis, el Consejo de la OCDE sobre integridad pública ha emitido una recomendación que ofrece a los responsables políticos una visión estratégica de la integridad pública sobre la base de tres ejes: un sistema de integridad coherente y completo, una cultura de integridad pública y una rendición de cuentas eficaz, todo ello utilizando un enfoque conductual y de gestión de riesgos y haciendo especial énfasis en promover una cultura de integridad en toda la sociedad.

La norma instituye a la integridad como una responsabilidad y un objetivo compartidos por todos los niveles de la administración, y expresa que los riesgos en materia de integridad están presentes en las distintas interacciones entre el sector público y el sector privado, la sociedad civil y las personas físicas, en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas, por lo que esta interconexión exige de un enfoque integrador que abarque al conjunto de la sociedad a la hora de mejorar la integridad pública y reducir la corrupción dentro del sector público.

Para ello, no sólo se necesitan normas estrictas para los funcionarios públicos (como podría ser un código ético), sino también compromiso y enfoque estratégico basado en datos empíricos, promoviendo una cultura social y un ámbito donde se destaque el profesionalismo (meritocracia) del servicio público, donde además se informe, capacite y oriente a los funcionarios, y se ofrezcan canales alternativos para denunciar sospechas de infracciones de normas de integridad que sean atendidas por los órganos de control correspondientes y garanticen la ejecución imparcial de las leyes y reglamentos.

La OCDE es una organización internacional permanente cuyo objetivo es lograr el mayor crecimiento económico y mantener la estabilidad económica y financiera de sus miembros, estimulando la adopción de políticas apropiadas y promoviendo la calidad institucional para crear el marco apropiado para la inversión productiva.

Argentina había sido invitada al bloque en enero de 2022, junto con otros países como Bulgaria, Croacia y Perú, pero no presentó su hoja de ruta para comenzar con el proceso de incorporación que es largo y complicado.

Este año se retomaron las conversaciones y Argentina ha podido acordar la hoja de ruta para su acceso a la OCDE quien previo a ello examinará áreas como el comercio, la inversión, la lucha contra la corrupción y el cambio climático.

La pertenencia a este grupo permitirá a la Argentina posicionarse mejor de cara a futuras inversiones, dado que el status de miembro le otorga cierta garantía de viabilidad y confianza.

Esperemos que nuestra cultura social y el trabajo de los servidores públicos se encauce en aras de un real y efectivo compromiso en donde los actos que involucren fondos públicos no se vean empañados por actos de corrupción que impidan o imposibiliten integrar el nuevo orden mundial que está gestándose tanto geopolítica como comercialmente.